La Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional un elenco de principios que, a pesar de parecer reiterativos de los estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, han dado lugar al desarrollo de la jurisprudencia constitucional y han permitido actualizar las instituciones jurídicolaborales clásicas para acercarlas al modelo constitucional del Estado Social de Derecho. Estos principios constituyen la base del Derecho del Trabajo y su determinación como disciplina autónoma, que se ocupa de regular las relaciones capital-trabajo.