La constitución política de 1991 elevo a rango constitucional un elenco de principios que, a pesar de parecer reiterativos de los estipulados en el Código Sustantivo del trabajo de 1950 han dado lugar al desarrollo de la jurisprudencia constitucional y han permitido actualizar las instituciones jurídico-laborales clásicas para acercarlas al modelo constitucional del Estado Social de Derecho. Estos principios constituyen la base del Derecho del Trabajo y su determinación como disciplina autónoma- que se ocupa de regular las relaciones capital-trabajo.